Más ametralladoras para garantizar la pesca del atún en las inmediaciones de Somalia
Pedro González
Son ya 54 los millones de euros que España lleva gastados desde su incorporación a la Operación Atalanta, el dispositivo europeo de seguridad para garantizar, teóricamente, la navegación por las aguas cercanas a las costas de ese estado fallido llamado Somalia. Un operativo que ha debido reforzarse con la introducción de una costosa seguridad privada a bordo de los 19 buques españoles -16 atuneros y 3 auxiliares- que faenan en un área tan grande como todo el Mediterráneo. La reciente tentativa fallida de declarar una moratoria en la pesca del atún rojo permitirá que los buques vasco-españoles prosigan sus capturas, pero incrementando nuevamente los costes de seguridad.
Los cinco intentos de secuestro de otros tantos atuneros registrados en el pasado mes de marzo, han conseguido que el Gobierno permita un nuevo incremento de las dotaciones armamentísticas de nuestros barcos: 19 nuevas ametralladoras, una por buque, y 58 fusiles de asalto más, uno por cada uno de los vigilantes privados que llevan a bordo, en su mayoría especialistas británicos. Objeto de una reglamentación especial, la incorporación de este tipo de seguridad privada se ha revelado particularmente eficaz, ya que las cinco intentonas de marzo fueron repelidas a pesar de su inusitada violencia, en particular la desatada contra el pesquero Albacán, atacado con granadas que produjeron importantes daños en la cubierta, a 350 millas de las costas de Kenia. Mientras tanto, 14 buques de otras tantas nacionalidades permanecen aún en manos de los piratas somalíes, el último un mercante surcoreano, lo que ha provocado que Seúl despache también un buque de guerra a la zona.
En coincidencia con estos datos, el Grupo de Control de Somalia de Naciones Unidas acaba de publicar su informe sobre la situación en una zona por la que transita, entre otras muchas mercancías además de la pesca, el 60% de la producción mundial de petróleo. Un documento muy revelador, en la medida que explica la organización y jerarquía de los piratas somalíes, que han convertido la industria del abordaje y secuestro de buques en una auténtica industria.
Lo primero que llama la atención del informe es que indica que no se mete a pirata quién quiere sino quien puede, es decir quién dispone de un determinado capital, tanto en dinero para invertirlo en los gastos que acarrea esta actividad, como en especie, es decir un arma de fuego, con su correspondiente gradación: no es lo mismo una pistola que un fusil Kalashnikov que un bazooka o un manojo de granadas. Estos inversores en dinero o en armas conforman la élite de los piratas, normalmente no más de una docena por cada operación. Son aquellos que pasan varios días, semanas incluso, avistando sus presas y determinando finalmente los objetivos de ataque. Ellos mismos, junto con otros inversores en retaguardia, son los que financian los necesarios gastos operativos: skifes, carburante, avituallamiento, etc.
Según el mencionado informe, estos equipos de una docena de personas tienen otros tantos miembros de apoyo en tierra firme, que solo entran en acción una vez consumados el abordaje y secuestro y el buque es llevado a uno de los puertos que controlan en Somaliland. Son los que relevan a los secuestradores de alta mar y aseguran tanto la seguridad del navío abarloado como el buen estado de los tripulantes, objeto del rescate solicitado.
Pero, el principal meollo del informe es lo relativo al reparto del botín del rescate, que de una u otra forma siempre termina por llegar, bien en el interior de maletines arrojados desde un avión bien mediante transacciones más sofisticadas teledirigidas casi siempre desde Nairobi y Londres. Así, y como si se tratara de una empresa normal con cotización en bolsa, los inversores que han financiado la operación concreta de un secuestro determinado se adjudican el 30% del rescate más el reembolso de los gastos: alimentación de secuestradores y secuestrados, desplazamientos, internet, teléfonos móviles e incluso compensaciones por lavandería y objetos de limpieza.
El equipo terrestre, es decir los que vigilan que otros filibusteros no les “roben” la presa, se llevan entre el 5% y el 10% o bien una prima única individual del orden de los 15.000 dólares por cabeza. El resto se reparte entre los que han llevado a cabo la operación en alta mar, muchos de los cuales se han convertido ya en multimillonarios. Finalmente, en lo que respecta a los denominados mediadores, los piratas somalíes consideran que los respectivos bufetes de Kenia o el Reino Unido han de ser financiados directamente por las víctimas (ellos no las llaman así, claro está), sin que se les detraiga cantidad alguna de lo que ellos creen que les corresponde en el botín final acordado con los paganos del rescate. En suma, todo un modelo de negocio cuya consecuencia principal para el comercio marítimo es el encarecimiento meteórico de los costes. Mientras tanto, el Gobierno de Nairobi ha decidido parar en seco recibir y juzgar a los piratas apresados por las fragatas europeas so pretexto de que la UE no les ha pagado lo que le prometieron. Una nueva demostración, pues, de que el negocio de la piratería tiene muchas ramificaciones y beneficiarios.
Fonte: www.icnr.es/ (08/04/2010)
Son ya 54 los millones de euros que España lleva gastados desde su incorporación a la Operación Atalanta, el dispositivo europeo de seguridad para garantizar, teóricamente, la navegación por las aguas cercanas a las costas de ese estado fallido llamado Somalia. Un operativo que ha debido reforzarse con la introducción de una costosa seguridad privada a bordo de los 19 buques españoles -16 atuneros y 3 auxiliares- que faenan en un área tan grande como todo el Mediterráneo. La reciente tentativa fallida de declarar una moratoria en la pesca del atún rojo permitirá que los buques vasco-españoles prosigan sus capturas, pero incrementando nuevamente los costes de seguridad.
Los cinco intentos de secuestro de otros tantos atuneros registrados en el pasado mes de marzo, han conseguido que el Gobierno permita un nuevo incremento de las dotaciones armamentísticas de nuestros barcos: 19 nuevas ametralladoras, una por buque, y 58 fusiles de asalto más, uno por cada uno de los vigilantes privados que llevan a bordo, en su mayoría especialistas británicos. Objeto de una reglamentación especial, la incorporación de este tipo de seguridad privada se ha revelado particularmente eficaz, ya que las cinco intentonas de marzo fueron repelidas a pesar de su inusitada violencia, en particular la desatada contra el pesquero Albacán, atacado con granadas que produjeron importantes daños en la cubierta, a 350 millas de las costas de Kenia. Mientras tanto, 14 buques de otras tantas nacionalidades permanecen aún en manos de los piratas somalíes, el último un mercante surcoreano, lo que ha provocado que Seúl despache también un buque de guerra a la zona.
En coincidencia con estos datos, el Grupo de Control de Somalia de Naciones Unidas acaba de publicar su informe sobre la situación en una zona por la que transita, entre otras muchas mercancías además de la pesca, el 60% de la producción mundial de petróleo. Un documento muy revelador, en la medida que explica la organización y jerarquía de los piratas somalíes, que han convertido la industria del abordaje y secuestro de buques en una auténtica industria.
Lo primero que llama la atención del informe es que indica que no se mete a pirata quién quiere sino quien puede, es decir quién dispone de un determinado capital, tanto en dinero para invertirlo en los gastos que acarrea esta actividad, como en especie, es decir un arma de fuego, con su correspondiente gradación: no es lo mismo una pistola que un fusil Kalashnikov que un bazooka o un manojo de granadas. Estos inversores en dinero o en armas conforman la élite de los piratas, normalmente no más de una docena por cada operación. Son aquellos que pasan varios días, semanas incluso, avistando sus presas y determinando finalmente los objetivos de ataque. Ellos mismos, junto con otros inversores en retaguardia, son los que financian los necesarios gastos operativos: skifes, carburante, avituallamiento, etc.
Según el mencionado informe, estos equipos de una docena de personas tienen otros tantos miembros de apoyo en tierra firme, que solo entran en acción una vez consumados el abordaje y secuestro y el buque es llevado a uno de los puertos que controlan en Somaliland. Son los que relevan a los secuestradores de alta mar y aseguran tanto la seguridad del navío abarloado como el buen estado de los tripulantes, objeto del rescate solicitado.
Pero, el principal meollo del informe es lo relativo al reparto del botín del rescate, que de una u otra forma siempre termina por llegar, bien en el interior de maletines arrojados desde un avión bien mediante transacciones más sofisticadas teledirigidas casi siempre desde Nairobi y Londres. Así, y como si se tratara de una empresa normal con cotización en bolsa, los inversores que han financiado la operación concreta de un secuestro determinado se adjudican el 30% del rescate más el reembolso de los gastos: alimentación de secuestradores y secuestrados, desplazamientos, internet, teléfonos móviles e incluso compensaciones por lavandería y objetos de limpieza.
El equipo terrestre, es decir los que vigilan que otros filibusteros no les “roben” la presa, se llevan entre el 5% y el 10% o bien una prima única individual del orden de los 15.000 dólares por cabeza. El resto se reparte entre los que han llevado a cabo la operación en alta mar, muchos de los cuales se han convertido ya en multimillonarios. Finalmente, en lo que respecta a los denominados mediadores, los piratas somalíes consideran que los respectivos bufetes de Kenia o el Reino Unido han de ser financiados directamente por las víctimas (ellos no las llaman así, claro está), sin que se les detraiga cantidad alguna de lo que ellos creen que les corresponde en el botín final acordado con los paganos del rescate. En suma, todo un modelo de negocio cuya consecuencia principal para el comercio marítimo es el encarecimiento meteórico de los costes. Mientras tanto, el Gobierno de Nairobi ha decidido parar en seco recibir y juzgar a los piratas apresados por las fragatas europeas so pretexto de que la UE no les ha pagado lo que le prometieron. Una nueva demostración, pues, de que el negocio de la piratería tiene muchas ramificaciones y beneficiarios.
Fonte: www.icnr.es/ (08/04/2010)
Comentários
Postar um comentário